Ficha Técnica
- Rol: 15.042-2026
- Fecha: 2 de abril de 2026
- Tribunal: Corte Suprema (Sala de Verano/Especial)
- Materia: Reclamación de expulsión – Ley N° 21.325 (Migración y Extranjería)
Resumen ejecutivo del fallo
La Corte Suprema revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había dejado sin efecto la expulsión de un ciudadano extranjero condenado por el delito de robo con intimidación. El máximo tribunal determinó que, ante delitos que afectan bienes jurídicos de alta relevancia como la vida y la seguridad colectiva, la facultad de expulsión de la autoridad migratoria es plenamente legal y proporcional, incluso si el afectado posee vínculos familiares directos (hijas chilenas y conviviente civil con residencia) en el país.
Análisis de nuestro boletín
Este fallo es clave para entender el equilibrio actual entre el derecho a la vida familiar y la facultad sancionatoria del Estado en Chile:
- Primacía de la Seguridad Colectiva: La Corte establece una jerarquía de valores. Si bien el derecho a la familia es un principio protegido, este cede ante la gravedad de delitos violentos (como el robo con intimidación). El fallo subraya que la condena penal configura una causal de expulsión «expresamente prevista por el legislador» que el juez debe hacer cumplir.
- Continuidad Normativa: Es interesante cómo la Suprema valida la medida aplicando tanto el antiguo Decreto Ley 1094 como la nueva Ley N° 21.325. Esto demuestra que, para delitos graves, la política de expulsión se mantiene firme a pesar de los cambios legislativos.
- Vínculos Familiares como Atenuante, no Eximente: El fallo clarifica que tener hijos chilenos no constituye un «blindaje» automático contra la expulsión si existe un historial delictivo severo. El procedimiento administrativo fue declarado ajustado a derecho al emanar de una autoridad competente (Ministerio del Interior) dentro de sus atribuciones.
Extracto de los considerandos más importantes
«Que la circunstancia de que el reclamante mantenga vínculos familiares en el país… no constituye un impedimento legal para la aplicación de la medida de expulsión cuando concurre una causal legal expresamente prevista por el legislador, como ocurre en la especie tratándose de una condena por robo con intimidación, delito que afecta bienes jurídicos relevantes [como la] vida y la seguridad colectiva.»